Hay partidos que no ganan elecciones, no llenan mítines y casi nunca aparecen en el centro del debate nacional. Sin embargo, reciben dinero público, se montan en boletas ajenas y, cuando el aliado correcto llega al poder, algunos de sus dirigentes terminan ocupando espacios en el Estado. No necesitan convencer a una mayoría: les basta con ser útiles para quien sí puede ganar.
Hay que examinar el negocio político de no desaparecer. En la República Dominicana, la supervivencia de muchos partidos minoritarios no depende solo de convencer electores, sino de conservar personería jurídica, cruzar umbrales mínimos, pactar con organizaciones grandes y mantenerse dentro del reparto institucional.
La fórmula se repite con pocas variaciones: conservar reconocimiento legal, colocar siglas en una alianza, aportar una estructura territorial mínima y luego convertir ese respaldo en financiamiento, candidaturas, visibilidad o cargos. No siempre hay ilegalidad, pero sí un mecanismo que permite vivir de la política sin demostrar una representación proporcional ante las urnas.
En ese mercado, un 0,5 % puede parecer poco para el ciudadano común. Para un partido grande, en una contienda cerrada, puede ser la diferencia entre ganar o perder una plaza. Ahí empieza el valor de los llamados partidos bisagra: no controlan la puerta del poder, pero ayudan a abrirla.
Por eso los partidos grandes los buscan. Les ofrecen espacios en la boleta, apoyo en algunos municipios o posibles cargos. A cambio, los partidos pequeños ponen sus siglas, sus dirigentes, sus delegados y los votos que puedan mover.
Después de las elecciones viene la otra parte. Si la alianza gana, algunos dirigentes de esos partidos pueden aparecer en ministerios, direcciones, subdirecciones, consulados, embajadas o instituciones del Estado. Así, aunque el partido haya sacado pocos votos, sigue teniendo vida política.
En términos simples: no tienen fuerza para gobernar solos, pero sí valor suficiente para vender cercanía, siglas y votos marginales a quienes buscan completar una mayoría.
La raya del 1 % y la décima que vale millones
La pelea por ese valor político se hizo más visible después de la sentencia TSE/0010/2025. El Tribunal Superior Electoral reinterpretó la expresión “última elección” y ordenó observar el ciclo electoral completo para categorizar los partidos y fijar el financiamiento público. La Junta Central Electoral aplicó ese criterio en resoluciones posteriores, lo que cambió el mapa del dinero partidario.
El nuevo esquema convirtió el 1 % en una frontera de alto valor. Para 2026, la JCE dispuso RD$1,620 millones para 41 organizaciones políticas: RD$1,296 millones fueron destinados a los tres partidos mayoritarios; RD$194.4 millones, a cinco partidos ubicados entre 1 % y menos de 5 %; y RD$129.6 millones, a organizaciones por debajo del 1 % que conservaron personería jurídica.
La diferencia es brutal. Una organización del tramo menor recibiría alrededor de RD$3.9 millones anuales; una que cruza la barrera del 1 % puede recibir RD$38.88 millones. Es decir: en el tablero electoral dominicano, una décima porcentual puede valer decenas de millones de pesos y abrir una puerta más ancha para negociar con los grandes.
El historial reciente confirma el tamaño del negocio. En el ciclo 2016-2020, los partidos que sacaron entre 1 % y 5 % se repartieron alrededor de RD$1,103.5 millones, mientras los ubicados entre 0.01 % y 1 % recibieron cerca de RD$735.7 millones.
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