El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, estimó que terminará «en semanas» la investigación que ha abierto para imponer nuevos aranceles a 60 economías con el argumento de no hacer lo suficiente para impedir la entrada de productos hechos con trabajo forzoso.
«Estamos muy centrados en esta cuestión», explicó Greer en París, donde participaba en la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Destacó que es «una investigación compleja» que busca analizar diferentes prácticas en numerosos países y a la pregunta de cuánto tiempo podría llevar, contestó que cree que será «cuestión de semanas».
República Dominicana también está incluida en esta lista. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyó que República Dominicana no ha aplicado de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso, una práctica que, según el organismo, afecta los intereses comerciales de Estados Unidos.
El señalamiento forma parte de una investigación sobre políticas y prácticas de diversas economías en relación con el control de mercancías vinculadas a la explotación laboral.
De acuerdo con la USTR, las medidas de supervisión y fiscalización implementadas por el país resultan insuficientes para impedir el ingreso de estos productos, por lo que incluyó a República Dominicana entre las economías que incumplen las disposiciones de la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930.
El organismo sostuvo que esta situación constituye una práctica “irrazonable” que perjudica o restringe el comercio estadounidense y la consideró incompatible con los estándares que Washington promueve en materia de comercio y derechos laborales.
En respuesta a las críticas de muchos de los socios a los que ha amenazado con estos nuevos aranceles, entre los que están los de la Unión Europea, pero también México y otros países latinoamericanos, el USTR hizo hincapié en que «nada de esto es nuevo, no es ninguna sorpresa» porque habían lanzado esta ofensiva hace ya un año con una investigación contra Brasil y hace una semana contra Vietnam.
Recordó que lo había planteado precisamente en la OCDE hace un año y que entonces ya había dicho que en su país estaban «muy preocupados» por la cuestión del trabajo forzoso, por la entrada de productos que lo utilizan en la cadena de suministros y por la incapacidad de los países para tomar medidas efectivas.
Greer repitió que es una herramienta que Estados Unidos había anunciado que iba a utilizar y forma parte de su política comercial.
Hizo una puntualización al ser preguntado sobre si estos nuevos aranceles se añadirían en el caso de la UE a los que los Veinsisiete habían aceptado en el conocido como el acuerdo de Turnberry, alcanzado el verano de 2025 entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En concreto, señaló que el compromiso del pasado año establece que la UE reconoce que Estados Unidos puede imponer aranceles hasta cierto nivel y que ofrece a Washington un margen para fijar esos aranceles.
«Por supuesto -dijo-, vamos a tener en cuenta el acuerdo de Turnberry porque creemos que aborda muchos de estos problemas si se aplica por completo, si se aborda de forma adecuada. De forma que creemos que hay margen para integrar ese acuerdo en el marco de lo que estamos haciendo ahora, siempre y cuando la UE cumpla con el acuerdo de Turnberry».
El responsable comercial de Estados Unidos indicó que su país tiene desde hace 100 años una ley que prohíbe la importación de productos fabricados total o parcialmente con trabajo forzoso, que desde hace unos 10 años ha decidido ser enérgico en su aplicación y que «en gran medida», son los «únicos» que tienen «un nivel de ambición en la aplicación» de esa regla.
Admitió que hay países como la Unión Europea, Canadá o México que tienen leyes bastante similares pero, a partir de los análisis que han llevado a cabo, no las están aplicando adecuadamente.
No obstante, explicó que a esos países contempla imponerles un arancel del 10 %, mientras que a los que carecen de una ley sólida que prohíba la importación de bienes hechos con trabajo forzoso tendrán un 12.5 %.
Sobre el caso específico de la UE, comentó que la ley existe pero no se ha puesto en práctica todavía y que conforme los países modifiquen sus prácticas, Estados Unidos analizará esos cambios: «Queremos ver pruebas reales».
Preguntado sobre si se plantea la posibilidad de trabajar en un acuerdo internacional para asentar esa cuestión de las importaciones de productos del trabajo forzoso, Greer dijo que «estaría abierto» y cuando se le sugirió si eso podría hacerse en una instancia como la OCDE, respondió que «sería un foro estupendo».
Añadió que, por el contrario no le parecería adecuado hacerlo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tiene «muchas dificultades para llevar a cabo acciones multilaterales» porque no todos sus miembros creen que sea necesaria por la misma razón.
«Es más fácil hacerlo entre un grupo más reducido de democracias de mercado, como lo es en gran medida la OCDE. Así que Estados Unidos está abierto a instrumentos que involucren el comercio en el futuro en la OCDE», comentó.
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