La propuesta del Ministerio de Educación (MINERD) de regular el uso de dispositivos móviles en los centros educativos del país ha encontrado un respaldo amplio y transversal entre los distintos actores del sistema escolar.
Docentes, directores, estudiantes y familias coinciden en que el uso no regulado de los teléfonos celulares representa un obstáculo real para el aprendizaje, y que es necesario establecer normas claras que orienten —sin eliminar— el potencial pedagógico de la tecnología.
Un consenso que viene desde las aulas
La iniciativa, presentada ante el Consejo Nacional de Educación —el órgano rector que establece las medidas que rigen el sistema público preuniversitario—, no surgió de manera unilateral. El MINERD impulsó consultas abiertas a toda la comunidad educativa, y los resultados revelan una disposición generalizada hacia la regulación.
Los propios estudiantes identificaron con claridad los riesgos del uso inadecuado del celular en el aula: distracciones, problemas de atención, ciberacoso y acceso a contenidos inapropiados.
Pero más allá del diagnóstico, también propusieron soluciones concretas: definir horarios de uso, restringir el acceso durante las clases y reforzar la supervisión tanto en la escuela como en el hogar.
Docentes y directores, dispuestos a liderar el cambio
El cuerpo docente y los directivos escolares también expresaron disposición para encabezar procesos de integración tecnológica responsable. Al mismo tiempo, reconocieron los desafíos que implica gestionar el uso de dispositivos en un entorno donde la norma aún es difusa y la práctica, heterogénea.
Esa tensión —entre el potencial de la tecnología y los riesgos de su uso sin orientación— es precisamente la que la propuesta del MINERD busca resolver. La regulación no apunta a prohibir los celulares, sino a establecer un marco que garantice su uso intencional y coherente con los objetivos pedagógicos.
El rol de las familias, clave en el debate
Uno de los elementos que distingue esta iniciativa es la incorporación activa de madres y padres en el proceso de consulta. Las familias no solo respaldaron la regulación, sino que también fueron señaladas como actores fundamentales para sostenerla más allá de los muros del aula.
Las consultas permanecen abiertas para que todos los sectores puedan seguir aportando, lo que le otorga al proceso un carácter participativo que va más allá de la imposición normativa.
Contexto regional: una tendencia que gana terreno
La República Dominicana no está sola en este debate. En los últimos meses, varios países de la región han avanzado en regulaciones similares.
Ecuador oficializó en abril de 2026 el Acuerdo Ministerial 2026-00028-A, que traslada a cada plantel la potestad de definir sus propias normas sobre dispositivos electrónicos. Chile, por su parte, promulgó la Ley N° 21.801 en febrero de 2026, que regula el uso de celulares en las aulas desde el inicio del año escolar.
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