El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, confirmaron que las autoridades dominicanas coordinan medidas preventivas ante la posibilidad de que haitianos deportados desde Estados Unidos intenten ingresar de manera irregular al país.
Fernández Onofre sostuvo que “se han reforzado los puestos de control militar e interagencial y se mantienen procesos de depuración en los principales puntos fronterizos”, mientras Lee Ballester afirmó que Migración instruyó a su personal para mantenerse atento ante cualquier intento de cruce irregular de los deportados.
La preocupación oficial surge en un contexto marcado por la reactivación de las deportaciones de haitianos desde Estados Unidos hacia Haití, el deterioro de la seguridad en territorio haitiano y la reducción de vías legales de movilidad. Parte de esos retornados podría llegar a un país con escasa capacidad para recibirlos y luego buscar una salida hacia la frontera dominico-haitiana.
Según reportes internacionales, entre 300.000 y 350.000 haitianos quedaron expuestos a perder la protección migratoria en Estados Unidos. Los primeros retornos se producen en un momento especialmente difícil para Haití: la inseguridad, el desplazamiento interno y la debilidad institucional aumentan la posibilidad de que algunas personas busquen salida hacia la frontera dominicana.
Muchos de esos haitianos no son migrantes recién llegados a Estados Unidos. En numerosos casos, llevan años insertados en comunidades estadounidenses, con empleos, hijos escolarizados, redes familiares, compromisos de vivienda o pequeños negocios. La pérdida del TPS no solo los deja sin permiso de trabajo y bajo amenaza de deportación, sino que también rompe vínculos económicos y sociales construidos durante largo tiempo.
Al ser enviados a Haití pueden encontrarse en un país distinto al que dejaron en 2010, con menos seguridad, menos oportunidades y menor capacidad institucional para recibirlos. Esa desconexión entre su vida previa en Estados Unidos y las condiciones actuales de Haití aumenta el riesgo de que busquen alternativas inmediatas fuera del territorio haitiano, incluida la posibilidad de intentar llegar a República Dominicana.
Los organismos internacionales advierten, desde hace meses, que la crisis haitiana se agrava. La Organización Internacional para las Migraciones reporta cerca de 1,5 millones de desplazados internos, la cifra más alta registrada. Agencias de Naciones Unidas también alertan sobre hambre aguda, deterioro de los servicios de salud y expansión de la violencia hacia zonas que antes eran vistas como refugio.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha descrito un escenario de riesgo extremo para la población haitiana. Según un informe de marzo de 2026, al menos 5.519 personas murieron y 2.608 resultaron heridas entre marzo de 2025 y enero de 2026 en hechos vinculados a bandas armadas, fuerzas de seguridad, empresas privadas de seguridad y grupos de autodefensa.
El documento también señala secuestros, extorsiones, trata de menores, violencia sexual y ataques contra propiedades públicas y privadas. Haití no enfrenta solo una crisis migratoria, sino una emergencia de seguridad, protección civil y derechos humanos.
La ONU también ha advertido que la expansión de las bandas ya no se limita a Puerto Príncipe. Los grupos armados han fortalecido corredores estratégicos, controlan rutas marítimas y terrestres vitales y han extendido su influencia hacia departamentos como Artibonite y Centro. Esa expansión, además de profundizar el miedo entre la población, complica cualquier operación de retorno, recepción o reintegración de deportados.
El fin del TPS y los primeros retornos
Durante años, el TPS permitió que miles de haitianos vivieran y trabajaran legalmente en Estados Unidos debido a las crisis extraordinarias que afectaban a su país. Con el fin de esa protección, muchos quedaron sin permiso laboral y bajo mayor amenaza de deportación, justo cuando Haití atraviesa uno de sus momentos más difíciles.
Reportes recientes señalan que los primeros vuelos de retorno llevaron a más de 150 haitianos a Cabo Haitiano. Si esas operaciones aumentan, Haití tendría que recibir a más deportados en medio de la violencia de bandas, el desplazamiento interno y una capacidad estatal limitada para acompañar a quienes regresan.
Otros reportes de prensa también han señalado que, dentro del amplio grupo de haitianos expuestos a deportación, podría haber personas que guardan prisión en Estados Unidos o que enfrentan procesos por distintos delitos. Aunque no se ha establecido cuántos de esos casos llegarían efectivamente a Haití, esa posibilidad agrega una preocupación adicional para las autoridades dominicanas, que tendrían que reforzar los mecanismos de depuración, verificación de antecedentes e intercambio de información con sus contrapartes extranjeras.
Ese elemento agrega una carga adicional al desafío dominicano. Si entre los retornados hay personas con antecedentes penales, procesos judiciales o vínculos con redes criminales, las autoridades tendrían que distinguir entre migrantes vulnerables, deportados sin apoyo familiar y posibles perfiles de riesgo. Esa depuración exige información confiable, cooperación internacional y capacidad operativa en tiempo real en los puntos de control.
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