El Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) dejó sin utilizar más de 1.556 millones de pesos de su presupuesto de 2023 y 2024, mientras registraba fallas en la planificación de compras y la seguridad de sus almacenes. Así lo documentó una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que también identificó carencias en los registros financieros, patrimoniales y de personal.
Los recursos no utilizados representaron aproximadamente el 10,1 % del presupuesto vigente de ambos años, que ascendía a unos 15.360 millones 600 mil pesos. Según el órgano de control, alrededor de 579 millones 500 mil pesos no fueron programados y unos 976 millones 900 mil pesos se programaron, pero no se ejecutaron. Es decir, se trata de presupuesto subutilizado, no de una pérdida de dinero acreditada por la auditoría.
Para una entidad que brinda asistencia en alimentación, salud y vivienda, queda por explicar qué impidió convertir esas asignaciones en las acciones previstas. Los hallazgos examinados no precisan las causas ni cuantifican las ayudas que pudieron dejar de entregarse por ese motivo.
La revisión abarcó del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, periodo correspondiente a la gestión de Yadira Henríquez, e incluyó pruebas aleatorias sobre compras, nóminas, activos, cuentas bancarias, contratos, pagos, inventarios y ejecución presupuestaria. El informe general está fechado el 2 de octubre de 2025; sus observaciones describen el período auditado, no necesariamente la situación actual.
El mayor rezago se concentró en 2023
En 2023 quedaron sin utilizar unos 1.491 millones 100 mil pesos, frente a aproximadamente 65 millones 400 mil pesos en 2024. El primer año concentró cerca del 95,8 % del total subutilizado, según cálculos realizados a partir del cuadro presupuestario.
En proporción al presupuesto, los recursos no utilizados pasaron de aproximadamente el 16,9 % en 2023 a cerca del 1 % en 2024. El cambio refleja una mayor ejecución relativa en el segundo año, aunque deja pendiente la explicación del rezago inicial.
Compras desconectadas de los planes
Durante el período auditado, la Contraloría registró contrataciones por aproximadamente 12.201 millones 700 mil pesos, distribuidas en 86 procesos y 291 contratos. La cifra describe el volumen contratado, no un monto objetado en su totalidad.
El señalamiento se centró en la falta de coherencia entre el Plan Anual de Compras y Contrataciones y el Plan Operativo Anual. Este último carecía de asignaciones presupuestarias detalladas por actividad, lo que dificultaba vincular los objetivos institucionales con los recursos necesarios para cumplirlos.
Por ejemplo, los kits de limpieza ilustran esa desconexión. Los planes de compras de ambos años incluían una partida cuya finalidad no estaba claramente justificada en el plan operativo. El apartado examinado no precisa su monto.
Al respecto, para el plan de compras de 2024, el órgano auditor recomendó aclarar si esos artículos se destinarían al uso interno o a donaciones, detallar su composición y ajustar las cantidades y los precios unitarios cuando correspondiera. La observación cuestiona la justificación de la compra, pero no acredita desvíos ni incumplimientos en las entregas.
El desfase también aparecía en sentido contrario: objetivos como el fortalecimiento tecnológico y la capacitación no se reflejaban de manera explícita en partidas para programas informáticos, licencias o servicios especializados.
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