La aprobación en primera lectura, en la Cámara de Diputados, de la propuesta para colocar el nombre de la doctora Enilda Reyes Pérez al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís ha provocado preocupación y cuestionamientos que merecen ser escuchados.
Y queremos dejar algo absolutamente claro: este planteamiento no constituye un ataque contra la doctora Enilda Reyes Pérez. Se trata de una mujer digna, respetable y que ha desarrollado una trayectoria profesional en San Pedro de Macorís. Llegó a esta ciudad procedente de Santiago de los Caballeros en la década de los años 70 y, con el paso del tiempo, se convirtió en una hija más de esta comunidad.
Pero una cosa es reconocer su dignidad y su trayectoria, y otra muy distinta es sostener que su nombre debe estar por encima de tantos hombres y mujeres que, durante décadas, entregaron su vida al servicio de la justicia en San Pedro de Macorís.
Ahí está el verdadero problema.
San Pedro tiene una historia jurídica que no puede ser desconocida ni relegada.
Antes de que muchos de los nombres que hoy conocemos ocuparan posiciones importantes en la justicia dominicana, ya existía en esta ciudad una generación de magistrados y abogados que convirtió el ejercicio del derecho en un verdadero sacerdocio.
Entre esos hombres y mujeres están figuras como el doctor Enrique de Wind, el doctor Manuel Richiez Acevedo, el doctor Santiago Rojo, el doctor Galano Canto, el doctor Bruno Aponte, Hugo Goycochea y la doctora Margarita Tavárez, entre muchos otros profesionales cuya trayectoria merece ser investigada, documentada y reconocida.
Por eso la pregunta es inevitable:
¿Se hizo una investigación histórica sobre todos esos hombres y mujeres antes de presentar esta propuesta?
¿Se consultó a los abogados de San Pedro de Macorís?
¿Se consultó a los jueces y magistrados?
¿Se consultaron las instituciones jurídicas, las universidades, los historiadores y las familias de quienes dedicaron su vida a la justicia?
Si no se hizo, entonces todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
No estamos pidiendo que se desconozca a la doctora Enilda Reyes Pérez.
Estamos reclamando que no se desconozca a los demás.
El Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís representa mucho más que un edificio. Es un símbolo de la justicia dominicana en esta provincia y de generaciones enteras que pasaron por sus tribunales.
Por eso entendemos que el nombre que lleve debe surgir de un proceso transparente, serio y profundamente investigado.
Proponemos que la Cámara de Diputados designe una comisión especial que estudie la historia de la justicia de San Pedro de Macorís y evalúe los méritos de los hombres y mujeres que han servido a esta ciudad y al país.
Que se escuche a todo el mundo.
Que se revisen las hojas de vida.
Que se investiguen las trayectorias.
Que se consulte a la comunidad jurídica.
Y después de ese proceso, que se tome una decisión.
Eso no sería un acto contra nadie.
Eso sería hacer justicia.
Al diputado Miguel Arredondo le corresponde explicar a San Pedro de Macorís cuáles fueron los criterios que llevaron a presentar esta iniciativa y por qué se escogió ese nombre sin que, hasta donde conoce la opinión pública, se haya producido un debate amplio sobre las demás figuras que forman parte de la historia jurídica de esta provincia.
Porque los pueblos tienen memoria.
Y cuando se pretende colocar un nombre para la eternidad en un edificio dedicado a la justicia, no se puede actuar como si la historia comenzara hoy.
La doctora Enilda Reyes Pérez merece respeto.
Pero también lo merecen aquellos hombres y mujeres que estuvieron antes, que abrieron caminos, que administraron justicia, que defendieron el derecho y que hicieron de su profesión un verdadero apostolado.
San Pedro de Macorís no está reclamando un privilegio para nadie. Está reclamando memoria.
Y si vamos a ponerle un nombre al Palacio de Justicia, que ese nombre sea escogido con la misma justicia que ese edificio representa.
POR RAFAEL DERICH
