Detrás de las condenas de hasta 20 años dictadas contra implicados del caso Coral hay un expediente que figura entre los más voluminosos jamás conocidos por la justicia dominicana. Estas son las evidencias que el tribunal tuvo sobre la mesa y las que, al final, inclinaron la balanza.
El Ministerio Público llegó al juicio con un arsenal probatorio difícil de igualar: más de 2,200 documentos, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, y más de un centenar de pruebas materiales.
Entre estas últimas había armas de fuego, relojes de alta gama, equipos electrónicos, vehículos de lujo y dinero en efectivo, todos incautados durante los allanamientos.
Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo evaluaron ese material agrupado en cuatro grandes bloques: la prueba documental, los peritajes financieros, los testimonios y los bienes ocupados.
El cruce de esas piezas fue lo que permitió reconstruir, año por año, cómo operó la red entre 2012 y 2020.
Cuáles fueron determinantes
El golpe decisivo estuvo en conectar dos cosas: de dónde salió el dinero y en qué se convirtió. El tribunal concluyó que con los fondos sustraídos de las nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), los acusados compraron propiedades, vehículos y otros bienes. Por eso el enorme listado de inmuebles, cuentas bancarias y objetos de lujo que aparece en la sentencia no fue un detalle accesorio: fue la prueba de a dónde fue a parar el dinero del Estado.
A esa columna documental y financiera se sumó el testimonio del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado uno de los testigos clave. Girón admitió hechos y aportó declaraciones que el Ministerio Público usó para sostener buena parte de su teoría. Su colaboración se reflejó en la pena: fue condenado a cinco años, que el tribunal dio por cumplidos.
La fuerza de la prueba también se midió por lo que no alcanzó. Seis imputados fueron absueltos por insuficiencia de evidencias, y el tribunal rechazó decomisar varios bienes al no comprobarse que provinieran del delito. Es decir, no hubo una condena en bloque, sino una valoración caso por caso.
Cómo se construyó el caso
La acusación se levantó sobre una idea central: una estructura criminal jerárquica encabezada por los generales, que desvió más de 4,500 millones de pesos mediante nóminas irregulares, compras ficticias y empresas de fachada. Según el Ministerio Público, parte de ese esquema se intentó trasladar incluso al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), y el tribunal entendió que las pruebas demostraron que ese traslado ocurrió.
Esa jerarquía quedó retratada en las propias penas: 20 años para la cúpula, condenas intermedias para los operadores financieros y de las empresas, y sanciones menores para los testaferros.
Las compañías señaladas como fachada —entre ellas Randa Internacional, Universo Empresarial y Aldom Glass, fueron disueltas y multadas.
La defensa, en cambio, cuestionó la solidez de todo el andamiaje. Alegó que no se probó con transferencias bancarias que el dinero del Cusep llegara a las personas señaladas y sostuvo que parte de la imputación se apoyó en testimonios basados en rumores.
El razonamiento completo del tribunal, cómo pesó cada peritaje y cómo respondió a esas objeciones, se conocerá el 14 de agosto, cuando se lea la sentencia íntegra. Por ahora, la decisión es de primera instancia y puede ser apelada.
EL CARIBE
