La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ha documentado un número creciente de personas muertas y heridas durante operaciones de seguridad contra bandas armadas, algunas de ellas ejecutadas con drones presuntamente operados —en ocasiones— por una empresa militar privada. La revelación encendió las alarmas de organismos de derechos humanos que advierten sobre el impacto directo de esta tecnología letal en la población civil, y en particular en la niñez.
«El uso de drones armados en zonas urbanas densamente pobladas constituye un alarmante precedente en Haití que pone en riesgo directo a la población, especialmente a la niñez. Su uso está resultando en probables ejecuciones extrajudiciales», señaló Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una declaración pública difundida esta semana.
Un patrón de violencia que se profundiza
La advertencia de Amnistía Internacional llega en un momento de escalada crítica. Esta semana, cientos de personas huyeron de zonas al norte de Puerto Príncipe ante nuevos enfrentamientos entre grupos armados, que dejaron al menos 40 heridos según reportó Médicos Sin Fronteras. La organización humanitaria llegó incluso a evacuar uno de sus hospitales en la capital ante el avance de la violencia.
Según la ONU, las pandillas controlan entre el 80 y el 90% de Puerto Príncipe, y aunque las operaciones anti-pandillas han logrado frenar parcialmente su expansión territorial, los grupos armados se han adaptado y la amenaza persiste. En ese contexto, el Estado haitiano ha recurrido a ataques con drones como parte de su estrategia de seguridad, una decisión que genera profunda controversia.
Piquer fue contundente: «Utilizar drones armados contra niñeces, en forma indiscriminada, es un hecho simplemente desconcertante y profundamente cruel. El Estado haitiano debe proteger a la infancia, no exponerla a nuevas formas de violencia a través del uso de tecnología letal».
La niñez, la víctima más vulnerable
La crisis que vive Haití golpea con especial brutalidad a los menores de edad. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional de febrero de 2025, niños y niñas están siendo reclutados por bandas criminales, sufren violencia sexual, asesinatos y carecen de acceso a la educación, la salud y la protección más básica.
Los datos de la ONU son escalofriantes: el reclutamiento forzado de menores aumentó un 700% durante el primer trimestre de 2025, según informó UNICEF ante el Consejo de Seguridad. «Son solo los casos que hemos podido verificar. Creemos que las cifras reales son mucho mayores», advirtió la directora ejecutiva del organismo, Catherine Russell.
El perfil de las víctimas es desgarrador. Un informe de la ONU de febrero de 2026 recoge el testimonio de Pierre, reclutado a los 10 años: «Ellos me daban cigarrillos y restos de cocaína. Me volví muy adicto. Después de consumir cocaína, ya no me comportaba como una persona normal. Sentía que estaba en otro mundo y que estaba dispuesto a matar a cualquiera.»
Alrededor del 45% de la población haitiana es menor de 18 años, lo que convierte a la infancia en el sector más expuesto a esta espiral de violencia.
La militarización no puede ser la única respuesta
Amnistía Internacional exige que las autoridades haitianas aclaren quiénes operan los drones y bajo qué marco legal se emplean, y que eviten su uso ilegítimo. La organización también cuestiona las prioridades del Estado en medio de la emergencia humanitaria.
«Mientras se destinan recursos a la militarización, millones de niños y niñas viven con miedo, hambre y sin la posibilidad de ir a la escuela. Proteger a la infancia debe ser el centro de toda respuesta a la crisis», subrayó Piquer.
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