Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) podrán ser sancionadas si no cumplen con el nuevo reglamento de generación distribuida, cuya entrada en vigencia está prevista para finales de mayo tras un período de transición iniciado en enero.
Así lo advirtió César Olivero, director de Regulación de la Superintendencia de Electricidad, quien explicó que las disposiciones emitidas por el órgano regulador son de carácter obligatorio.
“Los llamamientos que se hacen desde el ente regulador son obligatorios. Si no lo cumplen, tienen sanciones que pueden ser impuestas por la Superintendencia de Electricidad”, sostuvo. Precisó que las penalidades están contempladas en la Ley General de Electricidad e incluyen multas económicas que deberán ser asumidas por las distribuidoras.
Detalló que para 2025 la generación distribuida supera los 500 megavatios instalados, con más de 23 mil clientes vinculados.
Asimismo, proyectó que esta modalidad continuará en expansión a medida que disminuyan los costos tecnológicos, lo que facilitará a los usuarios generar su propia energía y reducir su dependencia de la red eléctrica.
Olivero indicó que el nuevo reglamento introduce cambios orientados a agilizar y organizar el crecimiento de la generación distribuida en el país, especialmente en proyectos fotovoltaicos.
Entre las principales novedades, señaló que el medidor bidireccional ya no será costeado por el usuario, sino por la empresa distribuidora. Además, los procesos pasarán de ser manuales a completamente digitales, lo que permitirá reducir los plazos de aprobación e interconexión.
Destacó que otro cambio relevante es el reconocimiento del 100% de la energía excedente generada por los usuarios al cierre del año, frente al 75% que se aplicaba anteriormente.
Explicó que estas medidas buscan garantizar un sistema eléctrico “confiable, robusto y eficiente”, ante el crecimiento sostenido de la generación distribuida y sus implicaciones en la calidad del servicio.
En ese contexto, afirmó que las distribuidoras deben adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias. “Tienen cierta resistencia al cambio, pero deben organizarse para hacer frente a la demanda”, expresó.
Señaló que el reglamento también contempla un cargo por uso de redes, con el objetivo de compensar a las distribuidoras por la utilización de su infraestructura y asegurar ingresos para enfrentar los retos operativos.
Agregó que la normativa permite la incorporación de sistemas de almacenamiento con baterías en proyectos futuros, lo que amplía las posibilidades para los usuarios que instalen paneles solares.
Sobre el impacto en la inversión privada, Olivero descartó que la regulación limite el crecimiento del sector. “Es todo lo contrario, busca organizar y dar mayor confiabilidad tanto a las empresas como a los usuarios”, indicó.
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