La sentencia de 20 años de prisión contra el exmayor general Adán Cáceres y otros implicados en el entramado de corrupción de la Operación Coral es vista por juristas como un hito para el sistema judicial, aunque también reabre el debate sobre el uso de la prisión preventiva y los desafíos pendientes en la persecución penal.
Un fallo con impacto institucional
La condena impuesta por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a Adán Cáceres Silvestre y a Juan Carlos Torres Robiou representa una de las decisiones más trascendentales en materia de corrupción administrativa de los últimos años.
El caso, que involucra el presunto desvío de más de RD$4,500 millones desde instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), envía una señal de que los altos funcionarios también pueden enfrentar consecuencias penales.
Participación Ciudadana considera condena en caso Coral 5G un avance clave contra la corrupción
Para el coordinador general de la Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, la condena emitida en el caso Coral 5G constituye un paso significativo para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la consolidación del sistema judicial dominicano.
Álvarez considera trascendental que los grandes expedientes de corrupción estén llegando a la etapa de juicio de fondo y produciendo decisiones sobre culpabilidad o inocencia, superando una etapa en la que muchos procesos permanecían durante años sin una resolución definitiva.
En su declaración, el coordinador de la organización no gubernamental elogió el trabajo realizado por las juezas que conocieron el caso, al considerar que llevaron a cabo un ejercicio judicial ejemplar al exponer públicamente los fundamentos de la sentencia y explicar los votos disidentes emitidos dentro del tribunal.
“Se rompió el techo de los 10 años”
Respecto a los casos complejos, Álvarez sostiene que los expedientes de corrupción no pueden evaluarse únicamente por el tiempo que toman en ser conocidos, debido a que involucran numerosos imputados, extensos volúmenes de pruebas, peritajes especializados y largas jornadas de audiencias para garantizar decisiones sustentadas.
Subraya que la condena de hasta 20 años de prisión impuesta a algunos de los principales implicados representa un cambio significativo en la respuesta del sistema de justicia frente a la corrupción administrativa. “Se rompió ya el techo de los 10 años”
Entre los casos emblemáticos recordados por Álvarez, citó Baninter, Banco del Progreso, Banco Peravia y otros procesos de corrupción habían concluido históricamente con penas que no superaban una década de prisión.
Según explica, la falta de sanciones efectivas ha sido uno de los principales factores que han permitido el crecimiento de la corrupción en el país durante las últimas décadas.
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