La protesta pacífica es un derecho legítimo de toda sociedad democrática. Los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus inquietudes, reclamar soluciones y manifestar su desacuerdo cuando entienden que las circunstancias lo ameritan. Sin embargo, ese derecho debe ejercerse con responsabilidad, respeto y apego a la ley.
Una manifestación pierde parte de su legitimidad cuando se convierte en escenario de agresiones, provocaciones o destrucción de bienes públicos. Cada poste, cada parque, cada pared, cada lámpara y cada espacio del Estado pertenecen al pueblo dominicano. Destruirlos no perjudica a un gobierno de turno, sino a toda la nación.
Las autoridades merecen respeto por la investidura que representan. Ese respeto no impide que sean objeto de críticas cuando corresponda, pero exige que el debate público se desarrolle con civismo, sin violencia y dentro del marco de la ley.
Los partidos políticos también tienen una gran responsabilidad. La oposición está llamada a fiscalizar y presentar propuestas, pero no debería aprovechar las dificultades nacionales únicamente para obtener ventajas políticas. Del mismo modo, quienes hoy gobiernan tienen el deber de responder con acciones concretas a los problemas que afectan a la población.
Es natural que los ciudadanos evalúen la responsabilidad de cada administración de acuerdo con el tiempo que ha permanecido en el poder. Un partido que gobernó durante veinte años debe responder por sus aciertos y por las tareas que quedaron pendientes. De igual manera, un gobierno que lleva varios años en funciones debe asumir plenamente el compromiso de enfrentar los desafíos actuales.
En cuanto a la discusión sobre la llamada «ley mordaza» y la reforma del Código Penal, también conviene recordar que durante muchos años existió consenso en que la República Dominicana necesitaba modernizar una legislación considerada por muchos como desfasada. Distintos congresos y gobiernos tuvieron la oportunidad de impulsar esa reforma sin lograr su aprobación definitiva. Ahora corresponde a la presente legislatura y al Poder Ejecutivo asumir la responsabilidad histórica de debatir, perfeccionar y aprobar un marco legal que responda a las necesidades del país, siempre respetando la Constitución, las libertades públicas y los derechos fundamentales de todos los dominicanos.
La República Dominicana necesita menos confrontación y más compromiso. El país avanza cuando el pueblo ejerce sus derechos con responsabilidad, cuando las autoridades gobiernan con transparencia, cuando la oposición actúa con sentido de Estado y cuando todos comprendemos que cuidar el patrimonio público es cuidar el patrimonio de las presentes y futuras generaciones.
Ese es el verdadero camino hacia una nación más fuerte, más justa y más unida.
POR RAFAEL DERICH
