El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SenaSa), Santiago Hazim, y otras siete personas están detenidas desde el sábado en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusadas por la Procuraduría General de la Reública (PGR) de defraudar a la administradora de riesgos de salud estatal con miles de millones de pesos. El desmantelamiento del entramado ha sido denominado por el Ministerio Público (MP) como “Operación Cobra”.
Bajo arresto han quedado, hasta ahora, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero del Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; el empresario Eduardo Read Estrella, de Khersun S,A; Cinty Acosta Sención, de IntraCare; Ramón Alan Speakler Mateo, del grupo Suilrod, y Ada Ledesma Ubiera, por la farmacéutica Lufarka.
Más de 20 fiscales auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional ejecutaron 12 allanamientos a miembros de esta red. Otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias.
Entramado
De acuerdo a un comunicado emitido por la PGRca, han podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas.
De acuerdo a las autoridades, se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el entonces director ejecutivo del SenaSa, en coalición con otros funcionarios de la ARS y la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud en perjuicio del Estado dominicano.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha advertido que se esfuerzan para que quienes han atentado contra la salud de la población, sobre todo de los más necesitados, paguen por sus hechos y retornen al Estado cada peso robado al erario.
Reiteró su compromiso inquebrantable con la lucha contra la corrupción.
“Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales. La Operación Cobra llegará hasta el final. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a los ciudadanos también retornen al Estado cada peso sustraído del patrimonio público”, puntualizó.
Las investigaciones de la Operación Cobra son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes son asistidos por un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.
Defensa
Varios de los abogados de los imputados acudieron ayer al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a dar seguimiento a sus clientes. Coincidieron en defender la inocencia de sus representados. Jaime Terrero, representante legal de Iván Minaya, dijo que está a la expresa de conocer la acusación. “Recuerden, señores, que el Código está dividido en fases procesales. Y la primera fase que vamos a conocer es la solicitud de medida de coerción. Vamos a ver qué tiene la procuradora o el Ministerio Público, y nosotros vamos a presentar nuestro presupuesto”, precisó.
Marcelino Vargas Brito, abogado de Ada Ledesma, aseguró que la dama se encontraba bien, de buen ánimo y confiada en el sistema de justicia. “Vamos a presentar la documentación para demostrar que en el caso de mi clienta, que era suplidora, se trató de una transacción comercial única y exclusivamente, sobre todo, de un monto insignificante”, precisó.
El equipo legal del empresario Eduardo Read explicó que desde el inicio de la investigación, su cliente se puso a disposición del Ministerio Público y ha colaborado con todos los requerimientos.
Los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González destacaron que Read ha entregado voluntariamente más de 1,250 elementos probatorios, así como documentación que respaldan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas del grupo, la prestación de los servicios en condiciones óptimas, previamente auditadas por Senasa y la Supeintendencia de Salud y Riesgo Laobrales (Sisalril), y el criterio técnico que soporta los pagos capitados.
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