La desecación aguda de la Laguna de Cabral se debe a la derivación de entre el 80% y el 90% del caudal del río Yaque del Sur en el dique de Santana para el uso exclusivo del Consorcio Azucarero Central (CAC).
Así lo establece una investigación de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), a solicitud del Senado.
Los técnicos concluyen que “de manera inequívoca”, la crisis no se trata de un fenómeno natural cíclico, sino el resultado predecible de una crisis de gobernanza hídrica y un colapso de la institucionalidad ambiental del Estado.
Agregan que esta sobre explotación se ve agravada por la obstrucción total y el abandono deliberado del Canal Trujillo, la principal arteria de alimentación de la laguna, cuyo estado de ruina contrasta con el mantenimiento óptimo de la infraestructura que sirve a los intereses del consorcio.
Indican que la responsabilidad primaria de esta catástrofe recae en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entidad que ha abdicado de su función reguladora y ha incumplido de manera flagrante su obligación legal, asumida en el Acuerdo Interinstitucional de 2021, de “mantener un caudal ecológico que nutra consistentemente” a la laguna.
Mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MI MA R E N A) ha fracasado en aplicar su autoridad para hacer cumplir la ley y los acuerdos vigentes, demostrando una ineficacia fisca lizadora preocupante.
Esta crisis de gestión se ve exacerbada por la degradación crónica y acelerada de la cuenca alta, impulsada por la deforestación y prácticas agrícolas insostenibles, lo que ha reducido la capacidad natural de regulación hídrica del sistema, disminuyendo la oferta de agua y aumentando la carga de sedimentos que obstruyen las presas y la propia laguna.
El informe fue elaborado por los técnicos José Manuel Mateo Feliz, Luis Carvajal Núñez, George Cepeda y Leonardo Mercedes, quienes advierten que a esta situación se agrega la amenaza de la explotación de oro y cobre a gran escala, destacando el proyecto Romero de Gold Quest. Proponen la declaración de un estado de emergencia, la liberación de pulsos de agua para reanimar la laguna, el establecimiento de un caudal ecológico permanente y la reapertura inmediata del Canal Trujillo.
También la renegociación de los acuerdos de asignación con el CAC, la implementación de un sistema de auditoría pública del agua, un plan robusto de restauración de la cuenca alta y la imposición de una moratoria a los proyectos mineros hasta que se garantice la seguridad hídrica de la región.
“La solución no reside en grandes inversiones, sino en la voluntad política para restaurar el estado de derecho y reafirmar la soberanía del Estado sobre sus recursos hídricos”, afirman.
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