La madre de la estudiante de 11 años dijo que su hija murió por negligencia y reclama que se haga justicia; abogados presentan nueva querella
En medio del clamor de justicia por parte de la madre y el depósito de una nueva querella que aumenta el número de imputados, una jueza impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida contra tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci, por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph.
La jueza Yaritza Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, dispuso la medida en perjuicio de Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora de nivel e Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa, quienes deberán pagar 500 mil pesos a través de una compañía aseguradora, acudir al tribunal el último viernes de cada mes y no podrán salir del país.
Sin embargo, otorgó la libertad pura y simple en favor de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general del colegio.
El hecho donde murió la niña de 11 años ocurrió el 14 de noviembre durante una excursión escolar del colegio a la hacienda Los Caballos, ubicada entre la comunidad de Gurabo y el distrito municipal San Francisco de Jacagua.
La querella
Lovelie Joseph Raphael, madre de Stephora Anne-Mircie Joseph presentó a través de sus abogados, una querella y constitución en actor civil contra los directivos del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
Joseph Raphael, de nacionalidad haitiana, acudió al Ministerio Público acompañada de sus abogados Miguel Valdemar Díaz Salazar, Shesnel Alejandro Calcaño Mena y Luis Arturo Acosta Balbuena, para solicitar que los responsables institucionales e individuales sean procesados penalmente y obligados a reparar los daños causados por la muerte de su hija.
La querella incluye a la entidad Asociación Leonardo Da Vinci, Inc., así como a una cadena de actores institucionales y administrativos que, según la madre, contribuyeron con acciones u omisiones a la muerte de la menor de 11 años.
Entre los señalados figuran, directivos del colegio como Eduardo Rafael Estévez Bretón, presidente de la asociación; Freddy Núñez, director académico; Gisela Altagracia de las Mercedes González, coordinadora general; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora de nivel e Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa.
Igualmente, en el expediente figura la hacienda Los Caballos SRL, con Pedro Pablo Muñoz Puntiel, encargado, y los propietarios Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz.
La querella sostiene que tanto el centro educativo como la hacienda actuaron con negligencia grave, incumpliendo normas de seguridad, supervisión y protección a menores. Los abogados explicaron que la querella no sólo busca establecer responsabilidad penal, sino también daños y perjuicios, dado que la muerte ocurrió bajo custodia institucional y en un entorno donde se omitieron medidas básicas de seguridad.
Protesta
Cientos de haitianos se movilizaron en una marcha por la calle principal de Juana Méndez hasta el puente fronterizo con Dajabón, en reclamo de que se haga justicia por la muerte de la niña ¨Stephora.
Durante la manifestación que llegó hasta el puente en la línea divisoria, donde fue impedida de continuar por parte de miembros de la Policía Fronteriza POLIFRONT, vociferaban consignas en Creole como, “por qué no la llevaron a un hospital” o “exigimos que se haga justicia, era solo una niña que quería superarse estudiando”.
Ministerio Público dice no comparte decisión
La magistrada Olga Dina Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), informó que el Ministerio Público no comparte la decisión y adelantó que, una vez recibida la notificación formal, procederá con los recursos correspondientes.
“Nos enfocaremos ahora en recibir la notificación de la decisión para proceder con el recurso correspondiente, esta es apenas la primera fase del proceso”, expresó Llaverías.
La fiscal explicó que la solicitud de garantía económica y presentación periódica se fijó conforme a las imputaciones iniciales, pero que el Ministerio Público mantiene en investigación la participación de otros actores.
Los abogados de la familia de la niña fallecida, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Alejandro Calcaño, dicen que respetan la decisión judicial, pero reiteraron que esta no responde a la magnitud de la negligencia que provocó la muerte de Stephora.
Díaz señaló que la jueza reconoció que las imputadas presentadas no eran quienes realmente dirigieron o autorizaron la actividad con 87 niños y apenas tres adultos, y que la estructura administrativa del colegio “ha quedado fuera del proceso” sin justificación. Recordó que este tipo de excursión se había realizado cuatro veces.
EL CARIBE
