A dos días de cumplirse un año de la tragedia del Jet Set, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un peritaje técnico privado solicitado por la defensa de los hermanos Espaillat, imputados en el proceso.
La decisión fue adoptada por el juez Reymundo Mejía Zorrilla, quien acogió parcialmente la solicitud de la defensa, al considerar que el peritaje es necesario para garantizar el derecho de defensa de los imputados y la igualdad de condiciones en el proceso judicial.
En la misma decisión, el juez ordenó la extracción completa de datos de un teléfono celular vinculado al caso, a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), como parte de las diligencias complementarias.
El magistrado estableció que la defensa había solicitado dichas diligencias desde la etapa de investigación sin obtener respuesta oportuna del Ministerio Público, lo que habilita, conforme al Código Procesal Penal, acudir ante el juez para que decida sobre su procedencia.
En ese sentido, entendió que la medida es “idónea, razonable y proporcional”, ya que permitirá a los investigados presentar y contrarrestar pruebas técnicas dentro del proceso, fortaleciendo un ejercicio de defensa efectivo y material, no solo formal.
El peritaje, que estará a cargo de un equipo de ingenieros propuestos por la defensa, encabezada por el abogado Miguel Valerio, abarcará evaluaciones estructurales, químicas y geotécnicas para determinar las posibles causas del colapso del establecimiento, incluyendo análisis de concreto, acero, corrosión, cargas estructurales y posibles factores externos o humanos.
Asimismo, el tribunal fijó un plazo de 30 días hábiles para la realización de estos estudios, al considerar excesiva la solicitud inicial de 21 semanas planteada por los abogados.
Con esta decisión de Mejía Zorrilla, las partes deberán presentar sus conclusiones, tanto el Ministerio Público como la defensa, antes de un eventual juicio de fondo.
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, cumplen medida de coerción mientras son investigados por presunto homicidio involuntario, a raíz de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, que dejó 236 personas fallecidas y decenas de heridos.
El caso ha generado gran conmoción en el país y se mantiene en la etapa intermedia del proceso judicial.
El próximo miércoles se cumple un año del suceso que enlutó a la familia dominicana, marcando uno de los episodios más trágicos en la historia reciente del país, con un profundo impacto social y emocional.
Entre las víctimas mortales se encontraban hombres y mujeres de distintas edades y de diferentes ámbitos social, incluyendo jóvenes, trabajadores y padres de familia, muchos de ellos reconocidos en sus comunidades, lo que ha profundizado el dolor colectivo y el clamor de justicia por parte de los familiares afectados.
EL NUEVO DIARIO
