El Diario, programa de televisión que se transmite a través de Teleola, y el portal ElMismoDiario.com, en su condición de La Voz del Pueblo, hacen un llamado público, responsable y respetuoso a las autoridades de la provincia de San Pedro de Macorís.
Nos referimos a la situación que se viene presentando con el Hotel Playa Nueva Romana, un importante proyecto turístico ubicado en terrenos que pertenecen territorialmente a esta provincia.
Queremos dejarlo bien claro:
no estamos en contra del desarrollo, ni de la inversión extranjera, ni del crecimiento turístico de la región Este. Reconocemos que la Romana es una marca internacional, generadora de empleos y dinamismo económico.
Sin embargo, el desarrollo debe ir acompañado de orden, respeto institucional y reconocimiento territorial.
Resulta preocupante que, cada vez que el hotel realiza actividades oficiales, inauguraciones o eventos de relevancia, las autoridades que son invitadas pertenecen exclusivamente a la provincia de La Romana, dejando fuera, de manera reiterada, a las autoridades legítimas de San Pedro de Macorís, provincia a la cual pertenece ese territorio.
Por esta razón, hacemos un llamado directo y respetuoso a:
La honorable gobernadora de San Pedro de Macorís, licenciada Yovanis Baltazar
La senadora de la provincia, doctora Aracelis Villanueva
Los diputados Alcibíades Tavares, Miguel Arredondo, Luis Gómez Renzo y Carolina Paula
Para que, dentro del marco de la ley y del respeto institucional, defiendan la soberanía administrativa, política y territorial de la provincia de San Pedro de Macorís.
No se trata de confrontación.
No se trata de crear conflictos.
Se trata de orden, equidad y respeto a las instituciones y a la historia de esta provincia.
San Pedro de Macorís no puede seguir siendo invisible en proyectos que se desarrollan dentro de sus límites geográficos.
El progreso es bienvenido, pero con reglas claras y con todas las autoridades sentadas en la mesa.
Desde El Diario: La Voz del Pueblo, reiteramos nuestro compromiso de seguir señalando lo que entendemos justo, correcto y necesario para el bienestar colectivo.
Porque cuando el pueblo habla, las autoridades deben escuchar.
