Expropiaciones de tierra sin pagar hasta por más de 50 años, terrenos abandonados e invadidos y mafias que estafaron al Estado por miles de millones de pesos, es parte de los enredos que han caracterizado los bienes públicos valorados en 42,000 millones.
Esta radiografía la describió Rafael Burgos Gómez, quien dirige tres entidades, cuyo proceso de fusión está al 98%. Se trata de la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Burgos esbozó cómo ha ido la fusión, el censo de los bienes del Estado, la recuperación de tierras y sobre el plan de titulación.
Estuvo acompañado de José Moya, subdirector general y encargado de Créditos y Cobros, Virnia Germán, directora administrativa, Miguel Mota, director de Desarrollo Social, Bienvenido D´Oleo Moreta, director de Preservación y Recuperación, Gilberto Grullón, director técnico y Juan Medina, administrador ingenio Porvenir.
Titulación
La meta del Gobierno es entregar 300,000 títulos de propiedad en este período. Esa titulación abarca terrenos de barrios capitalinos como Domingo Savio, La 40, Los Tres Brazos, este último pendiente de una litis judicial por venta irregular.
Inicialmente en Los Tres Brazos serán entregados 6,000 títulos, pero la meta es beneficiar a 20,000 familias. En Domingo Savio se han entregado 14,000 y el La 40 se van a titular 20,000.
“Hemos comenzado a trabajar con la mora y hemos avanzado bastante, esperamos que al final de este año o mediados del próximo año tengamos resuelto el tema de la mora que tanto ha afectado a ciudadanos que iban a buscar servicio en esta institución”, expresó Burgos.
Otro tema que trabajan es la revisión de más de 4,000 contratos de compra o arrendamiento de terrenos del CEA emitidos entre 2012 y 2020.
Burgos dijo que de esos contratos ya el presidente Luis Abinader ha autorizado 500 y se está en la fase final de la revisión.
Afirmó que el actual Gobierno no ha vendido terrenos, excepto aquellas parcelas que se sometieron al Congreso para la creación de un fideicomiso para obras de desarrollo.
Esto fue producto de los resultados del “Primer Censo Patrimonial del Estado”, realizado entre el 2023 y 2024 y que identificó 45,999 propiedades con un valor de 42,000 millones.
“Bienes Nacionales tiene una riqueza inmensa”, expresó Burgos al respecto.
Expropiaciones
En relación a por qué no se han podido titular propiedades adquiridas al Estado, Burgos explicó que desde la década del 60 los gobiernos hacían expropiaciones para construir urbanizaciones y entregarlos a familias necesitadas, pero no se pagaban.
Como eran terrenos privados, había que llegar acuerdos con los propietarios, situación que ha ido mermando porque el Estado ha pagado muchas propiedades.
Reveló que alrededor de 600 urbanizaciones de todo el país están en ese proceso pendientes de titulación. “La idea de la titulación es que esa persona no esté represado en la economía”, expresó.
Recuperación de tierras
En cuanto al proceso de recuperación indicó que comenzaron en San Pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor que fueron los más afectados con la entrega e invasiones de tierra.
Burgos explicó que muchas de esa propiedades estaban arrendadas y abandonadas o en mano de otras instituciones que tenían un contrato de renta, pero que no pagaban y estaban siendo invadidas de manera sucesiva.
En esas provincias de recuperaron 25,000 tareas e incorporadas a la producción de caña.
En relación a la tierra que aun tiene el CEA, informó que son dos millones de tareas, de las cuales un millón está bajo renta y la otra en diferentes áreas dispersas, tras precisar que muchas personas de buena fe que han entregado tierra que tenían.
En tanto el CEA tiene deudas por cobrar por 8,000 millones.
Mafias
Burgos aseguró que fueron desmontadas más de 300 mafias en Bienes Naciones y el CEA que hacían negocios irregulares con contratos, sobrevaluaciones, facturas dobles y ventas repetidas hasta 4 veces de una misma parcela.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos que el Estado fue afectado por bandas”, manifestó Burgos en el encuentro.
Se trataba de grupos que se acostumbraron a vivir de los negocios irregulares con las tierras del Estado.
También 3,700 personas que no trabajaban, pero cobraban y estaban protegidos por el Código de Trabajo, por lo que hubo que desvincularlos y pagarles 650 millones en prestaciones.
El director de Bienes Nacionales citó un caso de una persona con 20 años en la nómina y apenas fue 8 veces y consiguió una sentencia de un tribunal para ser indemnizado por 4,000,000.
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