El número de víctimas, querellantes y actores civiles en el caso de la tragedia del Jet Set se incrementó a 346, conforme la acusación formal sometida por el Ministerio Público, con solicitud de apertura a juicio contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Beras.
Ambos están acusados de homicidio involuntario, luego de que los peritos actuantes en la investigación concluyeran en que el patrón de colapso del techo del club de diversiones que provocó la muerte de 236 personas y lesiones a otras, “correspondió a una falta inducida por sobrecarga en las vigas postensadas en los ejes H y J, particularmente en las proximidades de la esquina sureste de la cubierta”.
Esa sobrecarga, de acuerdo con los peritos actuantes, incluía “cuatro capas de fino con diferentes espesores, sumando un total de 37.5 cm, equipos de aire acondicionados, tinacos, luninarias, plafones y peso propio”,
La acusación señala que con el transcurrir de los años, el techo de la discoteca presentó de forma visible múltiples irregularidades como filtraciones de agua y caída de escombros, que no fueron evaluadas de forma especializada para una solución definitiva por parte de los hermanos Espaillat, como responsables del establecimiento de diversión.
Resalta que esas situaciones se presentaron de manera más notoria durante el 2024, cuando fueron reportadas grandes filtraciones de agua y caída de plafones que se encontraban instalando en un falso techo en la parte superior de la discoteca, como una especie de subtecho, lo cual era subsanado informalmente.
“La negligencia e imprudencia en el manejo de la edificación del Jet Set Club, por parte de los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, se mantuvo de manera continua a lo largo de los años, manifestándose principalmente en el techo de la discoteca, el cual fue objeto de distintas intervenciones informales e instalaciones de elementos, sin ningún tipo de evaluación especializada para medir su capacidad de carga”, dice el órgano de persecución en su acusación formal, en la que, además, solicita mantener la medida de coerción a los encartados.
El juicio preliminar está fijado para el 12 de enero de 2026 y será conocido por el juez Raymundo Mejía.
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