La auditoría de la Cámara de Cuentas a Dicom y Diecom puso al descubierto irregularidades por al menos RD$ 92.11 millones entre 2018 y 2021, con observaciones sobre publicidad sin cotizaciones, libramientos sin soportes, pagos a extranjeros, bonos a militares, registros contables incorrectos y proveedores sin certificaciones vigentes.
De acuerdo con el informe, el examen dejó bajo escrutinio la gestión financiera y administrativa de la antigua Dirección General de Comunicación, conocida como Dicom, convertida luego en Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), en una etapa de cambios institucionales y alto movimiento de recursos públicos.
El período revisado cubre el tramo final del gobierno de Danilo Medina y el inicio de la administración de Luis Abinader, años marcados por la reestructuración del aparato comunicacional del Estado y por una expansión notable del gasto en servicios.
El desglose de la fiscalización coloca números concretos sobre la mesa: RD$55,712,509 en publicidad sin cotizaciones, RD$17,945,655 en libramientos pagados sin documentación soporte, RD$4,624,375 en regalías y bonos al personal militar, RD$1,479,611 por contratación irregular de personal extranjero bajo condiciones de servidor público, RD$6,445,094 en registros contables incorrectos y RD$5,908,868 en publicidad contratada con proveedores sin certificaciones actualizadas de la DGII y la TSS.
Para los auditores, la fiscalización no se limita a revisar cuentas. Sigue la ruta de pagos, contrataciones, registros y decisiones administrativas para determinar si los fondos públicos fueron manejados con respaldo suficiente y apego a las normas.
El origen institucional
De acuerdo con el informe, el caso tiene su punto de partida en 2012, cuando el Decreto 490-12 creó Dicom como dependencia de la Presidencia. Su función era ordenar la comunicación entre el Gobierno y la sociedad, diseñar estrategias, coordinar el sistema comunicacional oficial y divulgar las acciones del Poder Ejecutivo.
El órgano de control externo precisa que el 6 de septiembre de 2021, mediante el Decreto 542-21, se cerró la etapa de Dicom y se dio paso a Diecom. La nueva dirección asumió tareas similares: planificar, ejecutar y evaluar la comunicación gubernamental, explicar las medidas oficiales y coordinar la rendición de cuentas desde el aparato comunicacional del Estado.
De acuerdo con los fiscalizadores, aunque la revisión también midió planes institucionales y metas operativas, el centro del informe está en el manejo del presupuesto, la calidad de los expedientes, las contrataciones de servicios y los pagos con respaldo incompleto.
El presupuesto de 2021 bajo observación
Los datos examinados por la Cámara de Cuentas colocan el punto de quiebre en 2021. Ese año, la institución tuvo un presupuesto vigente de RD$1,981,682,989 y ejecutó RD$1,923,712,644, con un balance no utilizado de RD$57,970,345.
La comparación interanual muestra un giro abrupto. El presupuesto vigente pasó de RD$402.6 millones en 2018 a RD$414.9 millones en 2019, una variación moderada de 3.1 %. Sin embargo, en 2021 se elevó hasta RD$1,981.7 millones, 4.8 veces el nivel de 2019 y 392.1 % por encima de 2018. La ejecución siguió la misma tendencia: de RD$390.5 millones en 2018 y RD$404.8 millones en 2019 saltó a RD$1,923.7 millones en 2021, equivalente a 4.75 veces la ejecución de 2019 y 392.6 % más que la de 2018.
Ese crecimiento, leído a partir de los datos de la Cámara de Cuentas, no puede verse solo como una ampliación administrativa. El aumento del presupuesto y de la ejecución obliga a observar si los soportes, controles y expedientes documentales guardaron correspondencia con el volumen de recursos manejados.
En 2021, la contratación de servicios contó con RD$1,655,793,462 y ejecutó RD$1,633,496,969, equivalente al 84.9 % de toda la ejecución institucional de ese año. Ese peso deja claro que el presupuesto no se expandió principalmente para fortalecer la estructura, la inversión o los bienes permanentes, sino para contratar servicios, una categoría donde la publicidad oficial ocupó el mayor gasto.
La publicidad como centro del gasto
La publicidad y propaganda muestran el aumento más drástico de todo el cuadro. Pasó de RD$131,024,416 en 2018 a RD$148,176,148 en 2019, un crecimiento de 13.1 %. En 2020 subió a RD$339,821,791, 129.3 % más que en 2019. Pero el mayor salto llegó en 2021, cuando alcanzó RD$1,517,557,077, cifra 4.47 veces superior a la de 2020 y 11.58 veces por encima de la registrada en 2018.
Esa curva de gasto resulta relevante porque coloca a la publicidad oficial como el principal componente financiero de la institución. Conforme a las cifras auditadas, en 2021 absorbió el 78,9 % de toda la ejecución institucional, una proporción que hacía indispensable contar con expedientes completos y documentación verificable.
A la luz del informe, informar a la ciudadanía puede ser una función legítima del Estado. El punto observado por los auditores está en la necesidad de que el crecimiento del gasto publicitario esté acompañado de cotizaciones, certificaciones y soportes suficientes en los expedientes.
Cotizaciones ausentes y controles débiles
El informe ubica el hallazgo más fuerte en publicidad en RD$55,712,509 contratados sin cotizaciones dentro de los expedientes. Para los auditores, esas cotizaciones eran básicas para conocer el valor de la oferta y justificar la selección del proveedor.
De ese monto, RD$28,565,009 corresponden a la gestión comprendida entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020, mientras que RD$27,147,500 pertenecen al período del 16 de agosto de 2020 al 6 de septiembre de 2021.
La observación toca una zona sensible de la contratación pública. La Ley 340-06, modificada por la Ley 449-06, exige eficiencia, transparencia y condiciones favorables al interés general en la compra de bienes y servicios.
La administración de Diecom respondió que la excepción directa para colocar publicidad tenía un tratamiento particular y que el procedimiento operativo fue precisado con mayor claridad por el órgano rector en 2023, según comunicación de la exdirectora Milagros Germán Olalla.
La respuesta oficial aporta contexto, pero no elimina la duda central. Sin cotizaciones ni evidencias comparativas, se debilita la posibilidad de comprobar si los pagos respondieron a precios razonables, criterios objetivos y decisiones documentadas.
De acuerdo con el ente fiscalizador, la ausencia de cotizaciones implicó incumplimientos en materia de compras y contrataciones. También advirtió que funcionarios y servidores de la entidad podrían comprometer responsabilidad administrativa conforme a los artículos 47 y 54 de la Ley 10-04.
Libramientos sin soporte completo
La auditoría también observó libramientos pagados sin documentación de soporte por RD$1,250,539 y RD$16,695,116, asociados a pagos realizados durante la gestión comprendida entre agosto de 2012 y agosto de 2020.
La administración entregó documentos adicionales de los expedientes 2826-1 y 4524-1. Sostuvo que las regularizaciones tenían trazabilidad institucional y que fueron remitidas a la Contraloría General de la República mediante comunicaciones de julio y agosto de 2021.
Al revisar esos documentos, los auditores verificaron soportes por RD$1,693,088: RD$1,357,428 del libramiento número 4524 y RD$335,660 del libramiento número 2826.
Para el órgano de control externo, esa documentación solo cubrió una parte del monto observado. La cantidad no subsanada quedó como una alerta dentro del expediente.
El episodio evidencia, conforme al informe, una debilidad documental: cuando los soportes se completan de manera posterior o los expedientes llegan incompletos, se reduce la capacidad de control sobre el gasto ya ejecutado.
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