Llego a la puerta este de la UASD junto a un equipo de El Nacional con los primeros rayos del sol de un día que vaticina será caluroso. Al transitar por la calle Paulo III, algo llama sobremanera mi atención.
Entre el verdor y el colorido del contraste de la vegetación con el azul intenso del cielo, una gigantesca Bandera Nacional ondea tristemente rota y deshilachada.
Me bajo del vehículo y camino por la citada vía del campus de la UASD. A lo lejos, el trinar de los pájaros se mezcla con el murmullo estudiantil que satura el ambiente. Mi mirada queda fija en lo alto, atrapada por un sentimiento extraño e indescriptible.
“Vengo todos los días, pero siendo sincero con usted no me había dado cuenta de que la bandera está rota. Imagínese, y no me malinterprete, en una academia que aún tenemos problemas de planta física y que no tenemos una biblioteca adecuada a estos tiempos. Uno ve cosas que siendo incorrectas las ve normal”, dijo Casiano Guzmán, estudiante de Bioanálisis.
Allí arriba, batida con violencia por el viento caribeño, no ondea con orgullo el tricolor dominicano. Lo que cuelga del mástil principal es un jirón textil mutilado, cuyos bordes rotos y deshilachados exponen un penoso e institucional abandono.
Un ultraje pasivo a la vista de todos
Me detengo a observar y hacer las fotografías y videos para documentar esta información, viendo los hilos sueltos que cuelgan como flecos degradados. Esta estampa deslucida representa una flagrante transgresión legal a la Ley No. 210-19, normativa vigente que regula de forma estricta la conservación de nuestros Símbolos Patrios.
“¿Y tú crees que eso es solo aquí? La gran mayoría de las banderas que amanecen y pasan el día bajo agua, sol y sereno se deterioran, y si la prensa no dice nada ahí pasan meses”, expresó Lorena Castillo, estudiante de Publicidad.
Al revisar la citada pieza jurídica, se prohíbe taxativamente enhestar la Bandera Nacional rota, descolorida, sucia o en mal estado. Lo que presencio en este recinto de educación pública tipifica como una falta grave de irreverencia.
Es una obligación de las instituciones retirar y sustituir inmediatamente cualquier bandera deteriorada. No se debería, bajo ningún pretexto administrativo, dejarla morir en el asta, una ordenanza que la burocracia universitaria parece ignorar por completo.
Sanciones, multas y la responsabilidad jerárquica
Apunto los detalles en mi libreta sabiendo el peso legal que ignoran las autoridades del campus. Las penalidades económicas y de prisión contempladas en el Artículo 38 castigan estas violaciones con quince días a tres meses de reclusión formal.
Además, la ley estipula multas equivalentes a entre cinco y diez salarios mínimos del sector público. Al tratarse de un edificio público, la responsabilidad jurídica recae de forma directa sobre la máxima autoridad de la institución o el encargado administrativo correspondiente.
El sagrado protocolo del fuego final
Termino mi recorrido con una certeza incómoda en el cuaderno. Esta bandera rota debe ser bajada urgentemente, pero su destino final no admite el zafacón. El Artículo 14 prohíbe tirar el lienzo a la basura o usarlo de trapo.
El protocolo solemne exige que las banderas deterioradas sean destruidas mediante incineración en un acto privado y respetuoso. Este proceso debe ser preferiblemente coordinado por las autoridades competentes o la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.
Dejo atrás el recinto universitario escuchando cómo la tela se rasga un poco más con cada ráfaga. Resolver este ultraje legal no requiere presupuestos millonarios, sino la simple voluntad de respetar el símbolo que nos define ante el mundo.
EL NACIONAL
