Los familiares de cinco jóvenes fallecidos durante operativos policiales en Venezuela presentaron una demanda civil contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Estados Unidos, al que responsabilizan de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales dentro de una política sistemática de violencia ejercida por el Estado.
La demanda de 44 páginas y presentado el martes en una corte federal de Brooklyn, sostiene que Maduro dio instrucciones a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional para ejecutar a los cinco hombres entre 2017 y 2020.
Según esta, esos casos formarían parte de un patrón más amplio de miles de muertes atribuidas a cuerpos de seguridad que actuaban bajo el gobierno de Maduro, entre ellos las FAES, unidad que fue disuelta en 2021 tras múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas observaciones realizadas por Naciones Unidas.
El documento describe que los agentes ingresaban de madrugada a las comunidades donde residían las víctimas, vestidos de negro y con el rostro cubierto. Allí separaban a los jóvenes de sus familiares antes de dispararles y, posteriormente, elaboraban versiones oficiales en las que aseguraban que las víctimas habían muerto tras «resistirse a la autoridad».
La demanda afirma que las FAES fueron utilizadas como un mecanismo de control político para reprimir a la disidencia, intimidar a sectores populares y perseguir a opositores. Además, señala que ese cuerpo policial era considerado ampliamente un «escuadrón de la muerte» o «grupo de exterminio».
Asimismo, los demandantes sostienen que la falta de independencia del sistema judicial venezolano ha impedido que los responsables de estos hechos enfrenten consecuencias legales dentro del país.
Por razones de seguridad, la identidad de las familias permanece bajo reserva. La acción judicial fue presentada al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos y solicita una compensación económica por los daños sufridos.
Actualmente, Maduro permanece detenido en una cárcel de Nueva York, donde espera ser juzgado por cargos federales relacionados con narcotráfico, tras haber sido derrocado en enero durante una operación militar estadounidense en Venezuela. Durante su mandato, que se extendió entre 2013 y 2026, enfrentó reiteradas acusaciones de recurrir a la represión para mantenerse en el poder.
De acuerdo con The New York Times, se prevé que el exmandatario invoque inmunidad como jefe de Estado para intentar frenar el proceso. En paralelo, dentro del caso penal que enfrenta junto con su esposa, Cilia Flores, Maduro se ha definido como un «prisionero de guerra» y se ha declarado no culpable de los delitos que se le imputan, entre ellos conspiración para importar cocaína y posesión de armas.
La demanda, de carácter civil, busca una compensación económica para las familias de las víctimas y no constituye un proceso penal por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
EL CARIBE
