El informe final de la Cámara de Cuentas sobre la investigación especial al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) identifica 38 irregularidades con presuntos indicios penales. Los hallazgos abarcan la gestión del exministro de Educación, Roberto Furcal (08/2020-08/2022), y de los exdirectores del Inabie, Cecilio Rodríguez Montás (09/2020-11/2021) y Víctor Castro Izquierdo (11/2021-08/2022).
Por la gravedad de los hallazgos, algunos de los cuales presentan indicios relevantes de corrupción, el caso fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Ahora corresponde a ese órgano evaluar las irregularidades detectadas y determinar si procede iniciar una acción penal contra los funcionarios involucrados.
Las irregularidades señaladas en el informe de la Cámara de Cuentas comprometieron más de RD$ 3,000 millones de recursos públicos en el proceso de licitación del desayuno escolar durante el período auditado. El documento también identifica otras anomalías administrativas y financieras en la ejecución presupuestaria de la entidad.
Contrataciones bajo observación
En compras y contrataciones, el informe reporta expedientes con documentación incompleta por RD$58,817,468, así como adjudicaciones a 135 proveedores sin capacidad técnica acreditada por RD$808,175,293. También señala adjudicaciones a 11 suplidores que no cumplían el criterio de ubicación, por RD$ 75,152,036.
La fiscalización también señala modificaciones contractuales que exceden los límites permitidos. En este punto, reporta adendas y cambios a contratos de 35 proveedores por RD$406,335,801, con montos y plazos superiores a los autorizados. Además, identifica adjudicaciones a proveedores vinculados entre sí por RD$426,539,756, una situación que pone en duda la libre competencia y la transparencia del proceso.
El informe también cuestiona el uso de criterios de adjudicación propios de consultorías en procesos que no correspondían a esa modalidad, además de inconsistencias en la contratación y facturación de raciones alimenticias. Entre los hallazgos figuran diferencias entre las raciones contratadas y las facturadas por RD$187,256,083, así como pagos con reajuste retroactivo por RD$77,877,586. Estas observaciones cuestionan el control sobre la alimentación escolar y la relación entre lo contratado, lo servido y lo pagado.
En el plano de los desembolsos, la relación de hallazgos incluye pagos a proveedores que no estaban al día con sus obligaciones fiscales por RD$213,039,496, así como pagos a suplidores respaldados con documentos sin sello de pago por RD$2,363,384,064. La combinación de estas debilidades documentales y fiscales refuerza la preocupación sobre los mecanismos de verificación previa al pago dentro de la institución.
Irregularidades financieras y contables
En el ámbito financiero, la auditoría reporta una diferencia de RD$ 107,178,333 entre la ejecución presupuestaria y el estado de rendimiento financiero, además de registros contables inconsistentes. También señala cuentas bancarias fuera del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, que recibieron depósitos por RD$175,694,503 y realizaron pagos por RD$133,237,458 sin apropiación presupuestaria. Estos hallazgos afectan la trazabilidad y el control del gasto público, según la CCRD.
Se reporta un ajuste patrimonial por RD$ 32,131,399 correspondiente a fondos bancarios no reintegrados al Tesoro Nacional, así como pagos de nómina por RD$ 99,718,474 mediante transferencias internas no registradas en la ejecución presupuestaria. A esto se suma un reajuste salarial retroactivo antes de la aprobación del MAP y la retención de impuesto sobre la renta no remitida a la DGII por RD$ 6,338,143, lo que revela fallas contables, fiscales y administrativas.
Los documentos también mencionan la ausencia de cierres de períodos contables y debilidades en el control de la fecha de factura, elementos que, aunque menos visibles que los montos observados, afectan la confiabilidad de los estados financieros y dificultan la fiscalización oportuna de las operaciones institucionales, indica el ente auditor.
En materia de recursos humanos, la investigación reporta personal en nómina sin aprobación del MAP ni contratos registrados ante la CGR por RD$9,079,951, así como otras contrataciones observadas por RD$ 4,964,088. También identifica pagos de bonos por indicadores del SISMAP con fondos del programa PNUD-INABIE por RD$24,406,397 y expedientes de personal incompletos, lo que refleja fallas en los controles de ingreso, registro y compensación de la entidad oficial.
La experticia también reporta personal en cargos de asesoría contratado sin la no objeción del MAP por RD$1,200,000, además de observaciones sobre la falta de regularización de la asistencia mediante reloj biométrico. A esto se suman beneficios e incentivos otorgados a personal fijo bajo disposiciones previstas para docentes por RD$ 63,306,661, lo que extiende las observaciones al régimen de compensaciones.
Sobre el personal de seguridad, el documento señala que la nómina de compensación del personal de seguridad recibió RD$ 28,730,225 sin políticas ni procedimientos aprobados. También reporta beneficios económicos por RD$ 8,725,593 a personal militar en funciones administrativas y pagos extrasalariales por RD$ 9,445,346 a 122 miembros del área. Además, registra un pago retroactivo de RD$ 3,282,127 a personal contratado sin autorización del MAP. En conjunto, estos hallazgos evidencian controles débiles y criterios de pago insuficientemente documentados.
Debilidades tecnológicas y de control interno
La parte final del informe se centra en debilidades tecnológicas y de control interno, entre ellas la falta de un manual de seguridad de la información, de una metodología para gestionar riesgos tecnológicos, de controles adecuados sobre respaldos y resguardo de datos, y de pistas de auditoría definidas. También señala fallas en el sistema financiero y administrativo y la ausencia de un responsable de bases de datos. Aunque no siempre implican montos específicos, estos hallazgos comprometen la capacidad institucional para prevenir, detectar y corregir irregularidades, indica la CCRD.
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