Finjus inició un proceso de análisis con la finalidad de entregar una propuesta concreta de reforma al presidente de la República, mientras que, el PRD iniciará con el análisis el 17 agosto.
Tras la promulgación del nuevo Código Penal, diversas figuras del ámbito político, jurídico y religioso han reaccionado ante su contenido.
Mientras algunos sectores celebran la aprobación de una normativa esperada por más de dos décadas como un avance, otros han manifestado sus preocupaciones sobre artículos que podrían vulnerar derechos constitucionales.
Entre las principales críticas se encuentra las realizadas al artículo 310, que sanciona las ofensas verbales o gestuales contra funcionarios públicos, considerado como inconstitucional y peligroso para la libertad de expresión.
En ese orden, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, calificó como inconstitucional el artículo 310 del nuevo Código Penal que versa sobre el ultraje contra funcionarios y servidores públicos, el cual establece penas desde los quince días hasta un año de prisión menor y multa de dos a tres veces el salario que perciba el funcionario al momento de la infracción.
Señaló que esta disposición ya había sido objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional (TC) en el pasado, cuando una norma similar fue incluida en la Ley de Partidos Políticos y posteriormente anulada por violar derechos fundamentales.
“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró una disposición parecida como inconstitucional. No es la primera vez que esto ocurre”, manifestó.
Además, Castaños advirtió que existen otros artículos en el nuevo Código que “atentan contra la dignidad del ser humano” y que requieren ser revisados, como temas relacionados con la discriminación y los derechos de las mujeres, los cuales consideró deben tratarse con mayor responsabilidad jurídica.
Añadió que Finjus ya inició un proceso de análisis con un equipo de expertos y tiene previsto entregar una propuesta concreta de reforma al presidente de la República Luis Abinader, en las próximas semanas.
De su lado, el diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo dijo que el próximo 17 de agosto introducirá una propuesta de modificación al recién promulgado Código Penal, con el objetivo de corregir artículos que, a su juicio, afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación.
El legislador aseguró que el nuevo Código Penal representa un avance esperado por la sociedad dominicana, pero contiene aspectos que deben ser revisados antes de que entre en vigencia en agosto 2026.
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