Organizaciones feministas exhortan al presidente a que haga observaciones a la pieza mientras las iglesias abogan para que la legislación sea promulgada
Hay una gran expectativa en el país y presión de diversos sectores sobre el presidente Luis Abinader para que observe o promulgue la ley que modifica el Código Penal aprobada esta semana en el Congreso.
Las presiones sobre el mandatario no son solo porque la pieza aprobada no contempla la despenalización del aborto en tres circunstancias, también hay sectores que afirman que la legislación afecta la soberanía del país y que contiene penas muy drásticas para delitos menores, entre otras críticas.
Para el gobernante, la decisión también entraña consecuencias políticas debido a que en más de una ocasión prometió a los sectores que presionan por la despenalización del aborto en el Código Penal, que impulsaría la iniciativa con esas eximentes, lo que no ocurrió. La versión del proyecto de reforma al Código Penal, aprobado en el Congreso, incluso tiene la crítica de las hijas del presidente de la República, que están a favor de despenalizar el aborto en tres circunstancias.
Incluso, por ese hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró inconformidad por la forma en que la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas, criticaron la pieza aprobada por los legisladores al estampar su firma en una carta firmada por sectores feministas rechazando la legislación que fue aprobada en el Congreso en la legislatura extraordinaria que convocó el Ejecutivo.
Desde que fue aprobado en el Congreso el pasado jueves, es el principal tema de la opinión pública y genera cada vez más interés en los distintos sectores. Ahora, está en manos del mandatario cumplir con sectores que le dieron amplio apoyo para ganar el poder y mantenerlo en las elecciones del pasado año.
Las presiones al Ejecutivo provienen de sectores de la sociedad civil, porque el principal partido de oposición, la Fuerza del Pueblo (FP), votó a favor de la pieza en el Congreso con la finalidad de dotar al país “de un código moderno”.
Mientras entidades como Participación Ciudadana y organizaciones como Profamilia y entidades feministas, instan al presidente Abinader para que haga observaciones a la pieza, organizaciones como el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y representantes de la iglesia católica, abogan para que la pieza sea promulgada.
El Codue llamó al Poder Ejecutivo para promulgar la Ley como señal de voluntad política y compromiso con los valores fundamentales que sostienen la paz social, el orden y el bien común de la nación.
Su representante, el pastor Feliciano Lacen, dijo que esta conquista legislativa representa el fruto de más de dos décadas de diálogo y compromiso con el fortalecimiento de la justicia en la nación. “Celebramos que cada legislador, senador y diputado estuvo involucrado en este arduo proceso para dotar el país de esta herramienta moderna acorde a los nuevos tiempos, por lo que agradecemos su esfuerzo, convicción y respeto a la Constitución”.
Dijo que el código no es una panacea que va a resolver todos los problemas del país, pero dotará a la justicia de una mayor herramienta para garantizar el bien común y que el ganador ha sido el pueblo dominicano.
De su lado, el obispo de Higüey, monseñor de Jesús Castro Marte, felicitó al Congreso por aprobar la ley que modifica el Código Penal que data de más de 100 años.
Los que piden que lo observe
Profamilia, en una carta abierta al presidente de la República, en la que formula una serie de observaciones sobre lo que considera debilidades de la pieza aprobada, solicita al gobernante devolver la Ley al Congreso.
“En vista de la gravedad de los aspectos destacados, solicitamos que, cuando le sea remitida la ley en cumplimiento de su rol constitucional de proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, observe y devuelva al órgano legislativo para su revisión, recomendando que se tomen en cuenta los puntos señalados. Un Código Penal que respete los derechos humanos será el mejor legado que usted podrá dejar a la nación, constituyendo un referente para toda la región de América Latina y el mundo”, concluye el comunicado de la entidad firmado por más de 30 organizaciones.
En la parte introductoria de la comunicación, las entidades saludan y valoran el compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la defensa de los derechos fundamentales y su esfuerzo por ejercer un liderazgo que exige decisiones valientes, enfocadas en dotar al país de instrumentos jurídicos eficaces, que tomen en cuenta los intereses de toda la sociedad.
“Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted con el fin de expresarle nuestra profunda preocupación ante la aprobación en el congreso de un Código Penal que contradice su política de Gobierno y amenaza con una grave regresión en materia de derechos humanos, y atentaría contra compromisos internacionales asumidos por el Estado”, advierten.
A mediados del pasado mes de julio, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana exhortó al presidente de la República “a mantener la coherencia con las promesas realizadas durante su campaña electoral”.
En ese sentido, instó al mandatario a que, en caso de que el Código Penal sea aprobado con las fallas que han sido “ampliamente señaladas, ejerza su derecho constitucional de observar la ley y devuelva la pieza al Congreso Nacional con las recomendaciones necesarias para su modificación”.
La Comisión Ejecutiva del Frente Amplio se unió a las voces que piden observar la Ley Orgánica que modifica el Código Penal, al considerar que la legislación aprobada se presenta como “moderno” desconoce los derechos de las mujeres, garantiza la impunidad y deja cancha abierta al maltrato y abuso contra la niñez.
Criticó que el proyecto legal otorga privilegios a sectores militares y religiosos y que “deja desprotegidas a las mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad, además trata con mucha benevolencia a los abusadores, violadores sexuales y contemplan las jurisdicciones militares para juzgar los delitos en que puedan incurrir militares”.
FNP alerta Código lesiona soberanía
El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP)Vinicio Castillo Semán, advirtió que el Código Penal afectará sensiblemente la soberanía nacional y la lucha contra el tráfico de ilegales, de droga y de otros ilícitos, en virtud de que crea tipos penales que expondrán a las autoridades civiles y militares a la acusación penal de particulares y Ong que financian organismos internacionales.
“El Código Penal le está dando a los haitianos la facultad de querellarse contra las autoridades que le nieguen en RD acceso a los hospitales y maternidades y a las escuelas, alegando discriminación, que ya será un delito por raza y nacionalidad. Los operativos del ejército y migración en la frontera disminuirán sustancialmente a partir de la vigencia del Código Penal, ya que la revisión de los vehículos que se pueda considerar injustificada es constitutiva de infracción con prisión para los militares y oficiales de Migración, los que tendrán en lo adelante temor legítimo de detener autobuses, camiones, yipetas, para fines de revisión”.
Críticas de Alejandro Vargas
El magistrado Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional, consideró que el nuevo Código Penal le preocupa por la inflación del límite inferior de la pena imponible. “Se contemplan castigos con un mínimo de 10 y hasta de 20 años para algunas infracciones, lo que reduce significativamente la facultad de los jueces para aplicar los criterios de determinación de las penas contemplados por el código procesal penal dominicano en su artículo 339”, advirtió.
Recomendó a los legisladores ponderar ese aspecto, ya que podrían darse circunstancias en que una persona resulte culpable de un hecho punible, y por su participación no relevante merezca un castigo de menor drasticidad. “No cuestiono los límites máximos de la pena imponible, pero concuerdo con que los jueces deben tener un mayor rango de movilidad al momento de determinar la pena”, opinó.
Entidades
Participación Ciudadana, Profamilia y entidades feministas instan al presidente a que haga observaciones al Código Penal.
EL CARIBE
