Será la tarde de este lunes cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional intente conocer, por segunda vez, la solicitud de medida de coerción contra las diez personas imputadas en la Operación Lobo, acusadas de integrar presuntamente una red delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
En la audiencia pautada para las 2:00 p.m., el Ministerio Público deberá presentar ante la jueza Fátima Veloz los elementos probatorios que sustenten su acusación, con el objetivo de que se impongan a los imputados los 18 meses de prisión preventiva que solicita en su contra y que el caso sea declarado complejo.
Los vinculados
El órgano persecutor identificó como imputados en la Operación Lobo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como a los coroneles de esa institución Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
A la lista de apresados también se suman el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz, y el señor Bolívar Nicolás Fernández Espinal. El grupo se encuentran bajo arresto y a la espera de que un tribunal les conozca la solicitud de medida de coerción.
El grupo habría afectado al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y a las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
Acusación
Los sujetos enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, según lo tipificado en los artículos 177, 178, 179 párrafo y 180 del Código Penal Dominicano; los artículos 265 y 266 sobre asociación de malhechores, y el artículo 405 que sanciona la estafa en perjuicio del Estado.
Asimismo, se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que establece la proscripción de la corrupción administrativa.
En cuanto al lavado de activos, los hechos se corresponden con los artículos 3 numerales 1, 2 y 3; artículo 4 numeral 8; y artículo 9 numerales 1, 2 y 4 de la Ley número 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La investigación
En la Operación Lobo participaron 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional, para enfrentar la red que habría afectado a las referidas instituciones del Estado.
La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Además, explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
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