El Ministerio Público defendió ayer ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la legalidad del informe de la Comisión antifraude de la Contraloría General de la República, al tiempo que refutó los argumentos para que el caso seguido a exministros del gobierno pasado, sea anulado por haber transcurrido el plazo de proceso.
La Directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), Mirna Ortiz, aseguró al tribunal que el caso que involucran al exministro de hacienda, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones y exadministrativo de la Presidencia, se configura en lo que el Código Penal y los tratados internacionales califican como red de criminalidad organizada y por ende, los delitos que se les imputada son imprescriptibles.
“Y creo que no es necesario analizar en este punto que los casos de corrupción administrativa son casos de criminalidad organizada porque contienen, a saber, el que tenemos enfrente, todas y cada una de las características de la criminalidad compleja o criminalidad compleja”, manifestó al tomar como referencia el Código Penal, las convenciones internacionales contra la corrupción administrativa, y el libro del juez de la Suprema Corte, Francisco Ortega, en el que describe que los actos de corrupción son crímenes de lesa humanidad.
Ortiz, recordó que el plazo máximo de duración de un proceso no se calcula matemáticamente sino tomando en cuenta una serie de factores establecidos tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal Constitucional.
Negó que las investigaciones contra Guerrero hayan empezado a finales del 2020 cuando fue llamado a la Procuraduría General de la República. Porque, según sus palabras, en ese momento a Guerrero se le convocó para el tema de su enriquecimiento patrimonial y la declaración jurada de bienes.
EL CARIBE
