El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha asegurado durante la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Global celebrado en París que el sistema financiero internacional se encuentra en crisis.
«A mitad de camino de la fecha límite de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alejan cada día más. (…) Sí, en 2023, más de 750 millones de personas no tendrán suficiente para comer. Y decenas de millones más se tambalean al borde de la pobreza extrema», ha declarado Guterres.
Esta situación, «exacerbada por la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania», ha sido sorteada por los países ricos mediante la impresión de dinero, algo que no han podido hacer los más pobres, según el secretario general.
25 PAÍSES CON PROBLEMAS DE PAGOS
Además, ha informado de que a día de hoy existen 52 países que se encuentran o están cerca de la suspensión de pagos, por lo que muchos no pueden ni siquiera satisfacer las necesidades de su población, entre los que se encuentran muchos países africanos, que también se ven amenazados por el cambio climático.
«Esta situación es insostenible. Está claro que la arquitectura financiera internacional ha fracasado en su misión de proporcionar una red de seguridad mundial para los países en desarrollo», ha manifestado.
Guterres ha propuesto un cambio para dicha arquitectura internacional, que fue creada al acabar la Segunda Guerra Mundial y que no se adapta a las condiciones actuales, pues «más de las tres cuartas partes de los países de hoy no estuvieron presentes en la creación de las instituciones de Bretton Woods: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)».
«No habrá una solución seria a esta crisis sin reformas serias. He pedido un nuevo momento de Bretton Woods, un momento para que los gobiernos se reúnan, reexaminen y reconfiguren la arquitectura financiera mundial para el siglo XXI», ha pedido Guterres.
Ante la necesidad de acciones concretas, el secretario general ha propuesto un estímulo de 500.000 millones de dólares (unos 450.000 millones de euros) anuales para inversiones en «desarrollo sostenible y acción climática», y que ha incluido «pasos concretos» como el establecimiento de mecanismos para aliviar los pagos de deuda para países de ingresos medios y bajos con «vulnerabilidades particulares».
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