Durante años se han ventilado acusaciones y contrademandas que habían puesto en tela de juicio los procedimientos y protocolos a agotar con los que se llevaban a cabo los embargos y desalojos, llegándose a considerar dudosa la manera en la que interesados se adentraban de manera repentina en hoteles, empresas y negocios, dejando a su paso una historia de alegadas víctimas que frustró a empresarios y emprendedores.
LO QUE PREOCUPA
Según las múltiples denuncias, abogados en cofradías con alguaciles y “amarres” de niveles no especificados han abusado de “solicitudes de protección para ingresar a propiedades en conflicto” con las que se han utilizado a policías y así aparentar órdenes de desalojos o de embargos.
LO QUE DICE LA LEY
Ley núm. 396-19 del día primero de octubre del año 2019, establece el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias. Estableciendo que las ordenes ejecutorias y conservatorias se otorgan después de que exista una sentencia.
LIMITES QUE PUEDEN ESTAR SIENDO SALTADOS
El articulo 06 de la ley arriba citada establece que “La fuerza pública que acompañe al ministerial, sólo podrá auxiliar a este último, en las circunstancias previstas en las disposiciones de esta ley y para llevar a cabo los actos para los cuales la ley les otorga autorización. No auxiliarán al ministerial para ningún otro acto no previsto en el título que fundamenta la medida o debidamente autorizado por el juez competente”, una limitante que según las denuncias había estado siendo burlada
LA GRAVEDAD DEL ASUNTO
Dicha ley tiene como fundamento el razonamiento de que la potestad de ejecución de las decisiones dictadas por los tribunales del orden judicial corresponde exclusivamente a los propios órganos judiciales, lo que dicta un preocupante defecto en esta provincia dadas las denuncias de intentos de desalojos y de embargos por parte de abogados privados y sin la presencia de autoridades correspondientes. En hechos más graves, utilizando grupos de seguridad privada y ejecutando la ley por su propia cuenta.
Las víctimas en estos bochornosos casos han sido amedrentadas, intimidadas y amenazadas sin las garantías de protección por parte del estado, lo que deja un tétrico cuadro de inconstitucionalidad. Más grave aún cuando se trate de desarrolladores extranjeros, ya que afecta de manera directa el clima de inversión, lo que sería una contra política a los intentos de un gobierno y Estado que proyecta trabajar por la sustentabilidad de la inversión extranjera.
LOS DATOS
Según una investigación reciente del Punta Cana Post, en La Altagracia solo en el 2021 se otorgaron 214 autorizaciones para fuerza pública, lo que convierte a la provincia en la mayor en registrar número de casos para ejecutorias.
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